Este Concurso no es perfecto y tiene varias falencias que afectan el proceso, a pesar de esto las organizaciones comunitarias consideramos que representa un avance en las políticas de distribución y acceso a las frecuencias.
Ana María Acosta*/ Ecuador/Marzo 2017English
El Concurso Público de Frecuencias de Radio y Televisión de señal abierta es uno de los temas con mayor presencia en la agenda pública, no solo por que modificará el panorama mediático por 15 años, sino porque se desarrolla en medio de un proceso electoral agitado, por la permanencia o no del gobierno de la “revolución ciudadana” liderada por Rafael Correa, después de 10 años en el poder. Es así que el Concurso Público de Frecuencias pasó a ser un tema de campaña, donde actores de distintas tendencias pidieron su suspensión y la derogación de la Ley de Comunicación.
En este contexto este artículo propone otra visión sobre el Concurso desde la mirada del sector comunitario, un actor casi ausente en el debate, a pesar de ser uno de los sectores que mayor implicación tiene en este proceso.
Para entender el Concurso de Frecuencias en Ecuador.
El Concurso Público de Frecuencias de Radio y Televisión es un mecanismo definido en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) aprobada en 2013. Antes, las definiciones para la concesión de frecuencias estaban establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión, aprobada en plena dictadura militar en 1975 y reformada dos veces en los 90s. En esta Ley no se establecía un concurso público, y la otorgación de frecuencias estaba manejada herméticamente desde la única instancia de decisión que era el Consejo Nacional de Radiodifusión (CONARTEL), conformado por representantes del gobierno, las Fuerzas Armadas, las cámaras de producción privadas y dos de las principales asociaciones de medios privados, que eran concesionarios de frecuencias y a la vez parte del órgano regulador. Este conflicto de intereses fue uno de los temas que la nueva Constitución de 2008 modificó, por lo que la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y Televisión (AER) y de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE), dejaron de formar parte de CONARTEL.
CONARTEL administraba las frecuencias de forma discrecional y discriminatoria, afectando principalmente a propuestas de comunicación comunitarias y locales. Esto lo denunció la Comisión Auditora de Frecuencias de Radio y Televisión conformada por disposición de la Asamblea Constituyente, que en su Informe publicado en 2009 evidenció varias irregularidades en los mecanismos de otorgación de frecuencias: falta de un procedimiento claro; ausencia de reglamentación; ninguna temporalidad definida (solicitudes archivadas o simplemente no contestadas); entrega de frecuencias por recomendaciones o favores políticos; pagos por frecuencias, lo cual generó mucha corrupción.
Por esto, una de las principales exigencias de las organizaciones de comunicación comunitarias fue la de modificar el organismo regulador y establecer un método que permitiera el acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación; acompañado de una distribución equitativa donde los medios comunitarios tengamos garantizado el acceso a frecuencias.
En 2013 en la nueva LOC y en la nueva Ley de Telecomunicaciones se realizaron varios cambios trascendentales: 1. Se eliminó CONARTEL y se crearon varias instancias de decisión para la administración de las frecuencias (Art.47), 2. Se estableció el mecanismo de Concurso Público Abierto y Transparente para el otorgamiento de concesiones para medios privados y comunitarios; mientras que para medios públicos la adjudicación es directa (Arts. 108, 109 y 110), 3. Se garantiza la distribución equitativa de frecuencias para medios comunitarios 33% medios privados 33% medios públicos y 34% medios comunitarios, 4. Se establecieron límites para la concentración de frecuencias (Arts. 113 y 114).
El Concurso Público que se abrió en 2015 y que sigue en marcha marca una diferencia, ya que es la primera vez que el Estado realiza un concurso para las concesiones de frecuencias, donde los medios comunitarios pueden participar sin discriminación, limitaciones de cobertura y sin la exigencia de algún permiso especial. En la anterior Ley, los medios comunitarios debían solicitar permiso a las Fuerzas Armadas, tenían límite de cobertura y de financiamiento; esto provocó que los pocos medios comunitarios existentes prefirieran legalizarse como privados. Es así que en Ecuador las radios comunitarias representan apenas el 1,80% frente al 81, 03 % privadas y 17,18% públicas
Además la importancia de este Concurso está marcada por el numero de frecuencias en juego: 1472 frecuencias de radio y televisión, varias de las cuales están actualmente en manos de concesionarios privados, quienes se encuentran con licencias caducas.
Este es uno de los principales nudos del conflicto: varios medios de comunicación privados están concursando por frecuencias de las cuales han sido concesionarios por más de 10 años; a la vez varios medios comunitarios están participando por esas frecuencias exigiendo que se repartan de forma más equitativa como establece la Ley para alcanzar el 34%.
Para permitir el acceso de medios comunitarios se establecieron políticas de Acción Afirmativa, que en el concurso se evidencian en puntajes extras en la primera etapa (ARCOTEL) y en la segunda etapa (Cordicom). Esto permite que si un medio comunitario concursa por una frecuencia que actualmente está concesionada por un medio privado tenga mayor posibilidad de obtenerla. Esto es lo que preocupa a los concesionarios privados, que miran a este concurso como una amenaza a la libertad de expresión; mientras que para las organizaciones comunitarias esta es una oportunidad para exigir sus propios medios, necesarios para el ejercicio del derecho a la comunicación.
Este Concurso no es perfecto y tiene varias falencias que afectan el proceso, especialmente para ampliar la participación de medios comunitarios como: la dificultad de acceder a requisitos como el estudio técnico y financiero; la limitación en la llegada de información en lenguas indígenas, que provocó que varias radios indígenas no pudieran concursar; poca socialización en provincias no centrales; falta de comprensión de qué es un medio comunitario permitiendo que Iglesias accedan a las políticas de Acción Afirmativa, cuando estas son parte de los grupos de poder que han concentrados frecuencias; entre otras cosas. Estas limitaciones indirectas hicieron que las solicitudes presentadas por medios comunitarios, que no tienen vinculación con las Iglesias, sea menor a lo esperado.
Según la lista de peticionarios, publicada por ARCOTEL de las 271 frecuencias solicitadas como “comunitarias” 145 fueron solicitadas por Iglesias (católica, evangélica, cristiana, etc.) es decir más del 53%. Esto solo fue posible porque la misma Ley de Comunicación permite que las organizaciones religiosas sean consideradas comunitarias, algo que Cordicom debía reglamentar antes del concurso, pero no fue así.
A pesar de todo esto, las organizaciones de comunicación comunitaria consideramos que este concurso representa un avance en las políticas de distribución y acceso a las frecuencias para la democratización de la comunicación en Ecuador, y que su suspensión o derogación, sería un retroceso para el ejercicio del Derecho a la Comunicación.
* Comunicadora social. Coordinadora Ejecutiva de la Fundación El Churo, editora del medio digital comunitario Wambra Radio. @yakuana @elchuro
Este artículo fue publicado originalmente en http://www.observacom.org/
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