El Concurso de Frecuencias de Radio y Televisión es uno de los temas más discutidos en este momento, no solo por que modificará el panorama mediático de Ecuador por 15 años , sino porque se desarrolla en medio de un proceso electoral.
Para aportar al entendimiento de lo que está en juego hemos recolectado 5 puntos del Concurso de Frecuencias de los que no se habla.
Esperamos que esto aporte a no caer en la ingenuidad de creer todo lo que se dice y repetir como caja de resonancia cualquier frase construida sobre uno de los procesos más importantes de los últimos años relacionado con el ejercicio del Derecho a la Comunicación.
Voy desmenuzando cada punto que se ha posicionado hasta el momento sobre el concurso. Esta es la primera parte de una serie de artículos sobre el Concurso de Frecuencias en Ecuador, desde la visión del sector comunitario.
A continuación los primeros 2 puntos:
Punto 1: “Varios medios tradicionales perderán sus frecuencias”
Fundamedios emitió un comunicado alertando sobre que varios medios tradicionales (especialmente de Quito) podrían perder sus frecuencias en el Concurso. En este comunicado se nombra a Radio Visión, Radio Democracia, Radio Eres, JC la Bruja, como las radios en peligro. El comunicado no nombra a radios como Canela Radio Corp, del emporio relacionado a Jorge Yunda, por ejemplo, que está descalificada en el Concurso, y que con este argumento, también sería una radio “tradicional” en peligro.
Sobre esto vale la pena hacer varias aclaraciones y precisiones:
– La primera: el espectro radioeléctrico, donde se ubican las frecuencias de radio y televisión, es un recurso estratégico que pertenece a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que es administrado por el Estado. Las frecuencias no son propiedad de una persona, una empresa, una organización o un partido en el gobierno.
Esto es necesario aclarar porque se ha naturalizado tanto la “propiedad privada” o incluso la “propiedad gubernamental” (extraño fenómeno) sobre las frecuencias que pareciera que por “tradición” no debería ser tocada o modificada.
Escuchar a personas con clara posición de izquierda, progresista, social demócrata o liberal decir esto, es como escucharlos ir en contra de una reforma agraria (lo cual de por sí ya es contradictorio) con este argumento: “los terratenientes dueños de las haciendas están en peligro de perder sus tierras”.
Varios me dirán: es descabellado comparar la propiedad de los medios con la propiedad de la tierra. Pues no lo es. De hecho, este es un debate con muchos argumentos y que sigue vigente desde los años 70s cuando se planteó algo tan sencillo: la comunicación es indispensable para la vida, es un Derecho Humano fundamental y no es solamente una herramienta. De hecho, la comunicación es tan importante para la vida de las personas como el agua o como la tierra misma. Parece algo obvio decirlo, pero al momento de legislar o generar políticas públicas no parecía tan obvio, por lo que este derecho se adscribía a los medios, a las empresas de comunicación o a los periodistas.
El informe que elaboró la Unesco a fines de los 70s denominado “Un Solo Mundo Voces Múltiples” o mejor conocido como el “Informe Mac Bride” aportó a que en el marco internacional se discuta la necesidad de comprender el Derecho a la Comunicación como un derecho más amplio que el de la Libertad de Expresión en su forma liberal. Así, el Derecho a la Comunicación abarca varios derechos: la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa, la Libertad de Opinión, entre otros y de aquí se derivan varias acciones que permiten su cumplimiento como son: el acceso a las frecuencias y la creación de medios de comunicación, entre otras cosas. Además este derecho no solo pueden exigirlo los dueños de los medios, las empresas de comunicación, sino que puede ser ejercido y exigido de forma individual o colectiva por todas las personas. A la par de esto se planteó la necesidad de un nuevo y más justo orden mundial de la comunicación y la información, frente a la concentración de medios que representa un grave problema para el ejercicio pleno del Derecho a la Comunicación.
Entonces el Derecho a la Comunicación es indispensable para que las personas tengamos una vida digna, es fundamental para la democracia y para una sociedad democrática, (que no es lo mismo) por lo que la concentración de medios en pocas manos por “tradición” es un peligro para la democracia y para una sociedad democrática.
Entonces cuando se dice que los medios “tradicionales” perderán “sus” frecuencias, no son “sus” frecuencias, son las frecuencias de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que podemos exigir y exigimos que sean distribuidas de forma más equitativa.
– La segunda: teniendo claro que los actuales medios de comunicación son concesionarios de una frecuencia y no propietarios por “tradición”, podemos pasar a discutir el otro punto. Y este es un matiz necesario.
No todos los concesionarios de frecuencias son lo mismo. Volvamos a la metáfora de la tierra. Hay propietarios de grandes haciendas, con miles de hectáreas, que explotaron la tierra y la mano del trabajador para sus beneficios y la de sus herederos. Y también, hay personas y pequeñas empresas que han cultivado la comunicación en sus pequeños terrenos con mucho sacrificio.
Hay medios que se han dedicado a la labor comunicacional y al periodismo, y hay “Fantasmas Trasnacionales” y “Fantasmas Criollos” que han hecho de las frecuencias un negocio muy lucrativo.
No es lo mismo hablar de Radio Democracia EXA que hablar del “Fantasma Trasnacional” Gonzales; así como tampoco es lo mismo hablar de Radio Visión que hablar de los “Fantasmas Criollos” JC La Bruja o Yunda – Canela (Este punto lo explicaré en la parte 2 de esta serie de artículos donde hablo de los “fantasmas trasnacionales y criollos”)
También hay iglesias que han hecho un servicio comunitario y otras que han hecho de sus medios un negocio muy lucrativo. (Este punto lo explicaré en la parte 2 de esta serie de artículos donde hablo de la concentración de las iglesias)
Estos matices permiten comprender que la etiqueta de “medios tradicionales en peligro”, no es una verdad cerrada, es más bien una herramienta discursiva que coloca como punta de lanza a radios con una labor respetable, como Radio Visión por ejemplo, pero oculta a los “Fantasmas Criollos” que hay en el país, y de forma indirecta beneficia a los Fantasmas Trasnacionales que no han sido tocados, ni quieren ser tocados.
Punto 2: “El Concurso debe suspenderse”
El Concurso Público es un mecanismo definido en la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en 2013. Antes no se establecía un concurso. En la Ley de Radiodifusión, aprobada en plena dictadura militar y reformada dos veces en los años 90[1], se establecía que las concesiones de frecuencias las daba en ese entonces el Consejo Nacional de Radiodifusión, CONARTEL.
El mecanismo para otorgar la frecuencias no estaba definido en la Ley. El Consejo estaba conformado por varios representantes, de lo que en ese tiempo (auge del neoliberalismo) se entendía como los actores que tenían voz en la decisión de las frecuencias:
En 2008 el Procurador General emite un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la participación de AER y ACTVE, en el CONARTEL, por ser concesionarios y a la vez miembros de un órgano regulador. Es así que en 2008 AER y ACTVE salen de CONARTEL.
En agosto del 2009 el presidente Rafael Correa emitió un decreto ejecutivo en el cual fusionó el Consejo Nacional de Radio y Televisión CONARTEL con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Todas las atribuciones y competencias que en la Ley de Radiodifusión y Televisión tenía CONARTEL, las pasó a tener CONATEL.
Es así que CONATEL pasó a estar conformado por :
Es decir el Ejecutivo tenía mayor participación, las Fuerzas Armadas lo suyo y las cámaras de la producción privadas lo suyo. No existía ningún representante de la ciudadanía, tampoco de los sectores comunitarios, tampoco de la academia, peor aún de alguna institución relacionada con la garantía de derechos. CONATEL seguía siendo la única instancia de decisión sobre las frecuencias. Este Consejo decidía a quién daba las frecuencias y para esto no había ningún concurso público abierto y transparente.
Con la Ley Orgánica de Comunicación y la posterior Ley de Telecomunicaciones se eliminó CONATEL, se crearon varias instancias de decisión y se instaló el mecanismo de Concurso Público para el otorgamiento de concesiones de frecuencias para medios privados y comunitarios, mientras que para medios públicos es adjudicación directa.
ARCOTEL es la instancia de telecomunicaciones responsable de abrir el concurso, colocar las bases, administrar las frecuencias; mientras que CORDICOM es el responsable de calificar el Proyecto Comunicacional. CORDICOM está conformado por:
Recordemos que CONATEL (la autoridad que antes decidía todo el proceso de frecuencias) estaba conformado por 3 representantes del Ejecutivo. En cambio CORDICOM, según la ley, es un cuerpo colegiado con autonomía funcional, administrativa y financiera, en el que está un solo delegado del Ejecutivo (que es su Presidente)
La SUPERCOM, con Carlos Ochoa a la cabeza, responsable de la mayoría de procesos criticados de sanción a periodistas, medios, no tiene ninguna competencia en el Concurso de Frecuencias.
2.1 ¿Quiénes piden la suspensión del concurso?
El “Observatorio Ciudadano de Frecuencias”, es una organización de la sociedad civil que pide la suspensión del Concurso. Este observatorio lo conforman Roberto Aspiazu, Edgar Jaramillo, Mariana Neira, Monseñor Julio Parrilla, Lolo Echeverría, Juan Carlos Solines.
Cualquier iniciativa ciudadana de vigilar las acciones del Estado y los funcionarios públicos es legítima. Eso justamente es lo que permite la existencia de un Concurso Público. Pero es necesario también que tengamos otros elementos para ubicar el lugar de enunciación de quienes se oponen al concurso, observando ciertas cosas e invisibilizando otras.
Dos de los miembros de este Observatorio fueron parte de CONATEL, y como funcionarios no criticaron en ese tiempo el mecanismo de entrega de frecuencias que como veremos más adelante era un mecanismo cerrado, lleno de oscuridades, discrecional, nada abierto y muy discriminatorio.
Juan Carlos Solines fue presidente de CONATEL del 2005 al 2006 durante el gobierno de Alfredo Palacio. Cuando era presidente de CONATEL no criticó que esta instancia de decisión de frecuencias esté conformada en su mayoría por el gobierno; tampoco le pareció malo ni observable que no exista un mecanismo público para acceder a las frecuencias, o que peticiones de frecuencias para nuevos medios privados y comunitarios se queden represadas en cajones, si no había alguna cercanía política o económica por parte de los peticionarios. El mecanismo de puertas cerradas era el más adecuado. Hoy, estos sí son temas que preocupa mucho a Solines.
Roberto Aspiazu, parte también del “Observatorio Ciudadano de Frecuencias”, fue parte de los miembros de CONATEL como representante de las Cámaras de la Producción hasta el 2015. Durante su presencia en CONATEL, tampoco criticó la forma en la que se entregaban las frecuencias.
Aspiazu y Solines son los principales voceros que piden la suspensión del Concurso de Público de Frecuencias. Cuando fueron funcionarios no presentaron ninguna oposición al mecanismo de entrega de frecuencias a puerta cerrada, sin información pública, sin requisitos adecuados, sin criterios estandarizados, sin reglamentos claros, sin temporalidades definidas; no era un problema que la decisión sobre quien tenía una frecuencia o no estuviese en manos de un Consejo, sin nada de participación de la ciudadanía. En esa época las decisiones la tomaban los funcionarios a discrecionalidad. Muchas carpetas de frecuencias fueron represadas y nunca recibieron respuesta, especialmente las de pequeños empresarios locales o de organizaciones comunitarias. (Ver más adelante testimonios)
Para Solines y Aspiazu, el Concurso Público como mecanismo debe suspenderse, archivarse y anularse, ¿para volver a qué? ¿A la reunión de puertas cerradas donde las frecuencias eran entregadas al mejor postor? ¿Al peticionario más cercano?
*Juan Carlos Solines fue candidato a la vicepresidencia con Guillermo Lasso, CREO, en las elecciones de 2013.
2.2 ¿Quiénes más se oponen al Concurso de Frecuencias?
Jorge Yunda no es parte del “Observatorio Ciudadano de Frecuencias”, pero es otro de los personajes que ha criticado el Concurso y la Ley de Comunicación.
Al igual que Solines y Aspiazu, Jorge Yunda fue funcionario de CONATEL, figuró como su presidente desde el 2007 al 2009.
Jorge Yunda es uno de los funcionarios más nombrados en el Informe de Auditoría de Frecuencias realizado en 2009 por disposición de la Asamblea Constituyente.
En este informe, Yunda es observado por varias acciones, una de ellas: el haberse “autoasignado” frecuencias siendo presidente de CONATEL.
Como en esa época no había Concurso Público, Jorge Yunda siendo concesionario de una frecuencia y a la vez Presidente de CONATEL se “autoasignó” otra frecuencia . El mecanismo “suigeneris” con el que operó Yunda podría narrarse así: Yunda “encargó” a su socio la administración de sus radios, y en CONATEL delegó a una persona que firme una concesión a favor de su radio. Esta resolución fue tan antiética que él mismo pidió su suspensión; pero luego siguió favoreciendo a través de un familiar (asesor de CONARTEL) la entrega de varias frecuencias a favor del grupo empresarial – familiar “Canela”. Lo hizo con varias de sus frecuencias, con varios de sus amigos, con varios de sus socios, con varios de sus familiares. Así conformó uno de los grupos económicos de la comunicación más grandes del país. Todo esto lo dice el Informe de Auditoria de Frecuencias 2009. (Ver página 149)
* Jorge Yunda es ahora candidato a Asambleísta por Pichincha, distrito Centro-Sur por el partido de gobierno Alianza País, AP.
CONATEL estuvo conformado por representantes, una gran parte de ellos concesionarios de frecuencias que usaron su cargo público para favorecer sus intereses. La Comisión Auditora de Frecuencias, en su informe hizo un cuadro de los representantes al CONARTEL por años y varios tenían intereses con la propiedad de los medios. Esto hizo que varios de los pedidos, sobre todo de organizaciones y pequeños empresarios fueran represados, excluidos, o simplemente nunca respondidos; mientras que varios concesionarios con poder económico y vínculos políticos fueron favorecidos.
Estos son los testimonios de varios solicitantes de frecuencias (sobre todo comunitarios, indígenas y pequeños empresarios) en las Audiencias Públicas ante la Comisión Auditora de Frecuencias:
Otro testimonio
¿Se realizó algún pronunciamiento por estos pequeños empresarios o por las organizaciones comunitarias cuyo derecho a la comunicación estaba siendo violentado? ¿Se conformó un Observatorio de Frecuencias que denuncie estas graves irregularidades? ¿Hubo protestas por la falta de transparencia, por la discrecionalidad de los mecanismos de entrega de frecuencias? Quisiera saber, porque estos testimonios demuestran la gravedad de lo que sucedía antes (sin Ley de Comunicación ni Concurso), estos testimonios demuestran el peligro de volver al mecanismo a puertas cerradas de entrega de frecuencias altamente discriminatorio, discrecional y con muy poca transparencia.
¿Por qué es necesario que exista un Concurso Público?
El Concurso Público es un mecanismo válido, no es el mecanismo más perfecto, tampoco es el único, pero es uno de los mecanismos más adecuados para que el Estado administre de forma más equitativa y transparente un recurso estratégico como es el espectro radioeléctrico donde se ubican las frecuencias de radio y televisión.
A quienes proponen que el Concurso se suspenda quisiera preguntarles: ¿Cuál es su propuesta para el manejo y entrega de concesiones de frecuencias? ¿Qué van a hacer con todas las solicitudes de medios comunitarios que nunca antes tuvieron oportunidad de acceder a una frecuencia y que en este Concurso están ya calificadas para obtener un medio comunitario? Si no quieren el Concurso Público ¿Quieren volver al mecanismo de puerta cerrada?
Sobre el Concurso Público abierto en 2016 y vigente
Este Concurso Público abierto en 2016 y vigente en la actualidad no es perfecto. Tiene errores y algunas oscuridades; pero es el primer ejercicio en la historia del país en el que el Estado abre para la ciudadanía la posibilidad para acceder a las frecuencias de radio y televisión a través de un mecanismo público.
Es la primera vez que se establece una política de Acción Afirmativa para medios comunitarios, quienes históricamente tuvieron restricciones de todo tipo: prohibición de cobertura, prohibición de venta de publicidad, funcionamiento con permiso de las Fuerzas Armadas (Ley de Radiodifusión)
Es la primera vez que los grandes empresarios privados con toda la capacidad económica para “comprar” una frecuencia (por que antes se compraban las frecuencias) han tenido que sentarse en un auditorio junto a pequeños empresarios, organizaciones sociales, indígenas, afro descendientes, de mujeres de jóvenes, a recibir la misma información sin ningún privilegio para concursar.
Esto es lo que les molesta a algunos empresarios privados. Un comentario de uno de ellos grafica esta molestia: “Fui a uno de esos tallercitos de Arcotel y fue tan denigrante. Había tanta gente; era como estar en un bus popular en hora pico, algo muy denigrante”
Es que claro, lo “normal”, lo “tradicional” es que estos “dueños de los medios” sean recibidos en las oficinas de los directivos, reciban los requisitos, los criterios de calificación, y la resolución de obtención de la frecuencia de la mano directa de quien toma las decisiones, sin tener que pasar por este mecanismo abierto, público y tan “denigrante”.
El Concurso Público de Frecuencias, con todas sus falencias y varias críticas: falta de socialización en lenguas indígenas (muchas radios indígenas de la Amazonía se quedaron fuera del concurso) ; muy poco tiempo de socialización y llegada a provincias no centrales (hubieron provincias donde no se realizaron talleres de socialización); poca claridad en las temporalidades (Arcotel se retrasó demasiado en publicar resultados); mayor entendimiento de qué es un medio comunitario y quienes requieren políticas de Acción Afirmativa y quienes no (Las iglesias son un grupo privilegiado por lo que no pueden recibir las mismas políticas de acción afirmativa que una organización indígena, de jóvenes, de mujeres, que ha sufrido discriminación histórica); el poco acceso a los estudios técnicos (organizaciones no tuvieron dinero para pagar su realización o ingenieros especializados no quisieron realizarlos). Todos estos puntos los trataré con más amplitud en la parte 2 de este artículo.
A pesar de todo esto el Concurso Público Abierto y Transparente, como mecanismo de concesión de frecuencias, abre la posibilidad justamente de eso: vigilar cada paso que dan los funcionarios públicos sobre un recurso estratégico (frecuencias) que pertenecen a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso la ciudadanía, las organizaciones debemos observar, vigilar y exigir que este Concurso vigente se lleve con transparencia y que sirva en realidad para distribuir las frecuencias de forma más equitativa, para democratizar la comunicación en todo el sentido de lo que esto significa, independientemente del gobierno de turno, el que está y el que vendrá. Si no es así se posicionará como un mecanismo más para “blanquear” la propiedad de las frecuencias y seguir permitiendo la concentración de medios en pocas manos: grupos religiosos, fantasmas trasnacionales, fantasmas criollos. Lo cual ya sucedía cuando no había concurso y podría suceder si se suspende, como proponen algunos.
Este artículo es la parte 1 de una secuencia de artículos sobre el Concurso de Frecuencias.
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