¿Qué vale más el agua o el oro?

Por: Ana Acosta

Una niña le hace la pregunta a su padre ¿Papi, qué vale más, el agua o el oro? El padre con voz seria responde El oro pues mijita, esas preguntas obvias que haces. y la hija le dice “Yo pensé que el agua valía más, por que sin agua no podemos vivir, en cambio sin oro sí podemos. Papi yo pensé que la vida valía más que el oro”

Para las comunidades que la minería afecta, como paras quienes viven en la urbe, el agua es un recurso indispensable para vivir. Sin embargo para las empresas trasnacionales que extraen los recursos del país, el oro es un negocio redondo y el agua tan sólo un recurso necesario para la explotación. Las mineras para entrar en fase de producción necesitan grandes cantidades de agua que los toman de los ríos cercanos.

En el Cantón Santa Isabel de Azuay, Cantón Balao de la provincia del Guayas, en parroquias como Pijilí, Ponce Enríquez, varios ríos que utilizaba el sector agrícola se encuentran completamente contaminados por la minería

En la historia del mundo y de América Latina no existe un ejemplo donde la minería haya dejado riqueza, recursos naturales en buen estado y salud a una comunidad.

Los marcos legales, exoneraciones tributarias, flexibilización laboral, entre otros beneficios atraen la inversión minera. Para el año 2004 las exportaciones mineras en América Latina aumentaron a más del 40%. A pesar de eso la mayoría de la población es pobre. Los beneficios son para las empresas, mientras el Estado se queda con los problemas sociales, ambientales y de salud que se derivan de esta actividad.

Un dólar por tu muerte

En el Ecuador la actividad minera se respalda en la misma ley para explotar irresponsablemente los recursos del suelo, sin dejar beneficios para las comunidades y el país.

El Capítulo II de la Ley de Minería Ecuatoriana, sobre la Concesión Minera dice que los titulares mineros deben pagar a penas cien dólares por los derechos de trámite administrativo. La Patente de Conservación cuesta por tres años 1 dólar por hectárea minera, desde los cuatro a los seis años 2 dólares, desde los siete a los nueve años 4 dólares, desde el año trece en adelante pagan a penas 16 dólares por hectárea.

Este dinero es el único rédito que se queda el Estado, mientras los ingresos son cien veces más de lo que las empresas están obligadas a pagar. Además la minería según la Ley está exonerada de impuestos y es libre de aranceles para la importación de maquinaria pesada.

La actividad minera no tiene un efecto útil en la economía ecuatoriana, pues las compras de la empresa a nivel local son mínimas y la capacidad de generar empleo se reduce cada vez por el desarrollo tecnológico.

En Intag, provincia de Imbabura, la empresa minera Ascendant Cooper ofrece 200 puestos de trabajo mientras que proyectos alternativos de ecoturismo comunitario, producción y comercialización de productos agroecológicos, como la panela y otros, emplea a un total de 685 que equivale a 211 familias.

“No tenemos salud, ni educación, ni agua pero tenemos Internet para la minera”

Una madre que estaba en el cierre de la vía Machala – Guayaquil durante el paro contra la minería, ante la pregunta del policía: Y usted mamita ¿contra quién protesta?, ella respondía: Contra las empresas mineras que matan nuestra vida y el agüita señor. Y el policía le refutaba: ¿y por qué en vez de cerrar la vía no van a protestar donde los dueños de la empresa? Y ella le respondía: uhhhh señor por que no sabemos quienes son los dueños, ellos mandan los mensajes por ondas nomás y se llevan la plata para afuera.

En un lenguaje cotidiano la madre explicó una de las formas más eficaces del manejo del capitalismo. Zigmund Baugman, sociólogo francés, en su libro Modernidad Líquida dice que a diferencia de años pasados en los que el poder era representado con la grandeza de sus edificaciones, monumentos y peso, hoy el poder circula liviano, con computadora portátil y mensajes vía Internet. Las trasnacionales que se instalan en países ricos en recursos naturales como Ecuador funcionan así. Las empresas mineras no son la excepción.

El Carmen de Pijilí es la cabecera cantonal del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. La parroquia tiene aproximadamente 18 mil hectáreas, de las cuales 6mil están concesionadas para la minería, según el catastro minero, lo que equivale al 34% de territorio concesionado. Hay varias peticiones de concesión que se encuentran en trámite en el Ministerio de Energía y Minas, que si fueran concedidas se tendría casi la totalidad del territorio concesionado. [1]

Pijilí a pesar de tener necesidades básicas insatisfechas de salud, electricidad, educación, ya tiene Internet. La mayoría de la población no conoce el manejo del computador y peor del Internet. Existe un centro de cómputo donde sólo una computadora tiene acceso a Internet y cuesta 1 dólar la hora. Por eso extraña que la Junta Parroquial nombre a este recurso como un logro de su gestión, con tantas necesidades insatisfechas.

Pero no sólo la instalación del Internet es una obra que beneficia más a las empresas mineras que a la misma comunidad. Según el informe de trabajo de la Junta Parroquial de Pijilí, las empresas mineras aportan con materiales para el mantenimiento de la carretera, en la realización de la última minga y para la seguridad. Además existe una empresa que se ha comprometido a dotar de un arma, chaleco antibalas y una garita para un guardia de seguridad, que la comunidad pidió. Así, la seguridad que antes dependía de la comunidad y su unión, hoy pasa a ser resuelta con un arma.

La minería ha provocado división social, por que ofrece dinero inmediato a pocas familias, mientras otras continúan en la agricultura como forma de vida. No solo en esta comunidad, el pasar de ser agricultor a minero significa “subir de status” como comentan las personas. Por eso en esta comunidad existen varias personas que trabajan en la minería artesanal, por lo que los conflictos entre mineros y personas opuestas a la minería son frecuentes.

En otra comunidad, la minera IAM GOLD proyecto Quimsacoha, aparece en un letrero junto al Ministerio de Ambiente que dice “Ayúdanos a cuidar la naturaleza” y está organizando junto con el Municipio de Cuenca, Fundación Natura, La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca y otras instituciones el Primer Congreso Internacional del Medio Ambiente, lo que muestra las vinculaciones que existe entre las mineras y el poder. Eso sin contar con las fuerzas militares que defienden a las empresas trasnacionales y reprimen a la población.

El slogan de que “la minería debe aportar al desarrollo de la comunidad”, está dentro del marco legal que se exige, por lo que el aceptar recursos de la minería no es ilegal.

Pijilí se encuentra en la parte alta, por lo que ríos que se encuentran en sus límites son lo que riegan todas las comunidades bajas como Abdón calderón, que viven de la agricultura de cacao, yuca, maíz, banano. El agua para el riego es indispensable para su forma de vida.

El río Chaucha, es el que distribuye el agua a varias comunidades y está concesionado a la empresa ASCENDANT COPPER S.A. de origen canadiense. En este momento se encuentra en fase de exploración por lo que los efectos de contaminación no son visibles. Esta es la misma empresa que tiene concesionado varias hectáreas en Intag y que la población organizada la desalojó con fuertes enfrentamientos con grupos paramilitares pagados por la empresa.

El padre Teodoro Delgado, Párroco de la mayoría de parroquias afectadas por la minería, realizó un estudio al agua potable encontrando altas cantidades de plomo. Los resultados de este estudio fueron negados por la Empresa de Agua Potable, ETAPA. A pesar de eso la preocupación por el agua y la concesión de miles de hectáreas despertó el descontento en la población.

Después de una Asamblea realizada el sábado 7 de abril del 2007 donde las comunidades analizaron las consecuencias positivas y negativas de la acción minera se creo el Comité Pro Defensa de Nuestros Ríos. Asistieron centenares de personas que discutieron en 18 grupos de trabajo, cada uno de 10 o más personas. 17 grupos dieron un No rotundo a la actividad minera en su territorio. Un grupo estuvo de acuerdo en que no se den nuevas concesiones mineras permitiendo que sigan funcionando las ya existentes, siempre y cuando cumplan con lo reglamentado y los acuerdos o planes de trabajo para mitigar los impactos ambientales. Por tanto atendiendo a la mayoría se determinó la erradicación de toda actividad minera presente y futura en la región.

Una ley escrita con lápiz de oro

El reglamento del art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental; sobre la participación ciudadana y consulta previa con decreto ejecutivo número 1897 publicado en el registro oficial # 380 del 19 de Octubre del 2006, exige la consulta previa a las comunidades para instalar una actividad minera. Además la Ley de Minería exige un plan de Manejo Ambiental para realizar una actividad minera.

Habitantes de la comunidad de Chaucha, contaron que la minera Ascendant Cooper

hizo una reunión sólo con algunas personas y una socióloga que algunos pobladores identificaron con el nombre de María Paz que es la encargada de “dialogar” con la comunidad. Las personas no estaban enteradas qué actividades iba a realizar la empresa. Cuentan que la forma que tiene la minera de callar a la población es con dinero y entregando pintura o tejas para mejorar las viviendas o dando el equipo de sonido y el licor para las fiestas.

Basándose en este incumplimiento que se da en la mayoría de comunidades donde la minería se instaló, estas en las reuniones realizadas dieron un plazo para que las mineras salgan. Pero la Ley de Minería, que se opone a lo que la constitución dice, es claramente favorable a los intereses explotadores. Así en el art 62 sobre el Amparo Administrativo dice:

“El Estado, a través de la Dirección Nacional de Minería, otorga amparo administrativo a los titulares de derechos mineros ante denuncias de internación, despojo, invasión o cualquier otra forma de perturbación que impida el ejercicio de sus actividades mineras. El amparo procede también contra perturbaciones de autoridades que actúen sin jurisdicción ni competencia”

De esta forma la Ley brinda todos los derechos a los titulares mineros y ata de pies y manos a las comunidades afectadas y a las autoridades locales y nacionales que quieran intervenir. Tanto así que el mismo Presidente de la república Rafael Correa en declaraciones en Cuenca al referirse al paro minero dijo: “ Ellos (las comunidades en paro) piden que se terminen todas las concesiones mineras, ya!. ¿Qué quieren que nos caigan juicios por todos lo lados?”

Varios artículos que se referían a las obligaciones de los titulares mineros de la Ley de Minería fueron derogados el 18 de agosto del 2000 como parte del paquete de la Ley Trole, que Gustavo Noboa introdujo en el Congreso.

Por ejemplo el título VII De la Extinción de los Derechos Mineros, en su capítulo I De las causales de extinción d los derechos mineros Art. 101.- Nota: Artículo derogado por Art. 52 de Ley No. 000, publicada en Registro Oficial Suplemento 144 de 18 de Agosto del 2000.

Frente a toda esta telaraña que afecta no sólo a comunidades de la provincia del Azuay sino del oriente, queda la organización. Por eso las comunidades afectadas, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, grupos ambientalistas y defensores de los derechos humanos, unidos en la Asamblea pro Defensa de Nuestra Vida y Soberanía convocaron a un paro el 5 de junio. Al no encontrar respuesta a su petición se retomó el cierre de vías el 25 de junio.

En Molleturo, Victoria del Portete, San Carlos se cerraron las vías principales de acceso. La comunidad de Abdón Calderón cerró la vía Machala- Guayaquil, por donde diariamente circulan camiones de comercio hacia los diferentes puertos. La policía desalojó a las personas a las 9:30 de la mañana con más de cincuenta policías armados y gas lacrimógeno. Se registraron personas asfixiadas, una recién nacida con problemas para respirar, no existieron detenidos en esta zona.

En la zona de Victoria del Portete se registraron 14 detenidos y varias personas heridas. Aquí los enfrentamientos con la policía fueron más fuertes por que el presidente Rafael Correa, como lo dijo en sus declaraciones, mandó a desalojarlos porque debía pasar para visitar a las comunidades afectadas por las inundaciones en el Paute.

En Molleturo se necesitaron más de 500 policías y militares para desalojar a las comunidades indígenas que protestaban contra la empresa minera IAM GOLD.

Las declaraciones del primer mandatario provocó el descontento de las comunidades que confiaban que el presidente del Socialismo del Siglo 21 tomaría acciones por el pueblo, ya que las comunidades aclararon que el paro no era contra el gobierno democráticamente elegido, sino contra las trasnacionales mineras.

La minería y la Asamblea Constituyente

El candidato a la Asamblea Constituyente por la Provincia del Azuay, el ex sacerdote Fernando Vega, asistió a un foro sobre Realidad Nacional y Asamblea Constituyente en la Iglesia de la Comunidad de Abdón Calderón, dando a conocer las razones por las que el presidente hizo esas declaraciones. (a pesar de declararse emisor del pueblo y no del gobierno)

La comunidad sacó a relucir su preocupación y el descontento por las declaraciones del presidente. El candidato a asambleísta explicó que la idea del gobierno es reformar todas las “leyes injustas” en la Asamblea Constituyente. Pero hasta que ese suceda las comunidades deberán esperar aproximadamente un año, por lo que existe desconfianza de una decisión política del gobierno para luchar contra las trasnacionales, que se cortó con la salida de Alberto Acosta del Ministerio de Energía y Minas.

Después de que la Nueva Constitución esté lista, se necesita reformar la Ley de Minería para que se ejecute, hasta eso las concesiones pendientes deben entregarse.

El domingo 8 de julio del 2007 se realizará una Asamblea en La Florida para discutir sobre la actividad minera en esta zona y las acciones que se establezcan para luchar por la vida, la soberanía y el agua del pueblo, lo dijo Victor Bueno uno de los jóvenes de la comunidad de Abdón Calderón. Además de las propuestas que se puedan plantear en la Asamblea Constituyente frente al tema de la minería.